“Lo primero que tendría que hacer el presidente de una Cataluña independiente sería un corralito”. La Información.

 

 

  • El presidente de la Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios ve en la salida de capitales una de las primeras consecuencias de la independencia.
  • Adolfo Jiménez cree que una Cataluña independiente está obligada a subir impuestos: “Aunque mantuviesen el IVA al 21%, perderían dinero”, afirma.

 

lainformacion.comLas incertidumbres que genera el escenario político en Catalunya se ciernen también como una nebulosa en el ámbito económico. Sin embargo, en los meses transcurridos desde que el president de la Generalitat, Artur Mas, recrudeciese su desafío soberanista al Estado, los distintos líderes políticos apenas han aclarado cuál será el impacto de esa independencia.

Un impacto que viene inevitablemente ligado a una salida automática de la UE-pese a que desde la Generalitat se sostiene que la rentré sería relativamente rápida- y, por tanto, también de sus instrumentos financieros, de control y estabilidad. Y, quizás, también, del euro.

Una Catalunya independiente podría decidir de forma unilateral mantener la moneda europea-así ocurrió en Kosovo– pero con la consecuencia de una enorme inestabilidad.  El Estado catalán, por ejemplo, no tendría influencia sobre el tipo de cambio o los tipos de interés, de gran impacto en la marcha de los mercados.

La nueva  Catalunya quedaría fuera de las instituciones financieras comunitarias, como el BCE, y por tanto, también de su red de seguridad y de la posibilidad de que sus entidades de crédito en dificultades sean inyectadas de liquidez.   Del mismo modo, tampoco tendría acceso al Banco Europeo de Inversiones (BEI), de la que España es principal destinataria de préstamos, ni podría participar del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

“En un primer momento, podríamos pensar que, fiscalmente, una Catalunya independiente podría salir beneficiada”, explica Adolfo Jiménez, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios, “En Catalunya, como en Madrid, hay mayores capitales, mayores tributaciones, tanto de personas como de empresas, y eso es lo que hace que una región tribute más, pero en realidad somos personas físicas o jurídicas las que tributamos”, aclara.

Una hipotética Catalunya independiente se dotaría, en primer lugar, de una Hacienda propia que asumiría todas las competencias actuales de la Agencia Tributaria, “de forma que  todos los recursos materiales y humanos actualmente dependientes del Estado tendrán que ser traspasados a la Generalitat”, expresa ERC en sus documentos programáticos.

¿Cómo sería su política fiscal? ¿Sería sostenible? ¿Estarían obligados a subir impuestos?

Los cálculos de Asesores Fiscales indican que la independencia supondría una bajada de hasta el 2’5% del PIB. Otras estimaciones, como las  de Societat Civil Catalana, unas de las principales plataformas de rechazo a la consulta, lo elevan hasta el 23%. A ello se uniría, razona este experto, la obligación de seguir pagando la deuda española y la suya propia que vayan generando.

“Si crean su propia moneda, tendrían que pensar en cuál sería el cambio, y a partir de ese momento, se produciría una inflación galopante que a la larga bajaría la riqueza de los catalanes, porque no tendrían forma de ajustar la economía con otras instituciones, sobre todo con el BCE”, afirma Jiménez, quien avanza que “la economía catalana sufriría muchísimo con la independencia y no tendrá otra forma de ingresar que subir impuestos, y al mismo tiempo, seguir endeudándose”.

¿Qué haría un hipotético gobierno de ERC? Teniendo en cuenta que, a día de hoy, nos movemos en un escenario de “política ficción”,  las medidas las encontramos en sus distintos documentos programáticos. En ellos, figura una clara política fiscal en la que destaca la creación de un impuesto sobre los depósitos de los clientes de las entidades de crédito, “como impuesto propio de la Generalitat de Catalunya y de carácter finalista, que servirá para financiar las políticas publicas y de reactivación económica” explican.  Desde la formación calculan que el coste de esas políticas públicas sería de  4.153 millones de euros.

“La consecuencia inmediata de esa medida fiscal sería que el dinero se marcharía de Catalunya”, afirma el presidente de los asesores, que no duda al explicar que, según su criterio, “si se produjera la separación, inmediatamente tendrían que hacer un corralito”. “Desde el mismo momento en que ERC llegase al poder, ya se estarían escapando los capitales”, advierte.

El diagnóstico coincide con el realizado por la agencia de calificación crediticia Fitch, que ayer emitía el primer informe tras el proceso participativo del domingo en Catalunya, en el que advierte que “incluso una ruptura ordenada de España plantearía riesgos en la economía nacional”.

El texto señala que “la incertidumbre prolongada y el clima de gran tensión” podría provocar “algunas salidas de depósitos a corto plazo”, que afectarían particularmente a los bancos catalanes”.  Fitch plantea en el mismo informe dos escenarios, entre ellos, el que ve más probable pasa por un “acuerdo fiscal” con el Estado que le permitiría “incrementar sus ingresos fiscales y reducir el riesgo de impago”. Otro, pasa por la ruptura total con el Gobierno español, que avanza, tendría unas “consecuencias negativas” tanto para España como para Catalunya, que podrían ser “exacerbadas”. Según la agencia, el Gobierno central debería asumir la deuda, lo que la elevaría al 120%.

Junto con la medida antes indicada, la política impositiva de ERC pasa,  además, por modificar el impuesto sobre el Patrimonio, rebajando el mínimo exento y fijándolo en 500.000 euros, la derogación de la última reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, nuevos impuestos ambientales que graven la emisión de gases contaminantes o la producción de residuos nucleares, impuestos a la distribución de productos de consumo poco saludables, una tasa sobre transacciones financieras, “para frenar la especulación y hacer que la banca asuma parte de los costes de las crisis”, un impuesto de sociedades,  “uno de los principales instrumentos de política económica para el fomento y reactivación de la economía productiva del país” y un  IVA inferior al 20% con un incremento progresivo de los tipos impositivos de los impuestos especiales sobre el consumo de alcohol, tabaco e hidrocarburos, “hasta la media europea”, indican.

“Como el negocio va a bajar tanto, aunque mantuvieran el IVA en el 21% perderían dinero”, afirma este experto fiscal, “las medidas que anuncian son imposibles de mantener, necesitan los impuestos”.

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