Fraude de las ‘tarjetas b’, ¿indetectable para Deloitte, la CNMV y el Banco de España?. Arn Digital

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La búsqueda de responsabilidades por el escándalo de las ‘tarjetas b’ de Caja Madrid ha sobrepasado notablemente en los últimos días a Bankia y a su entorno más inmediato. Mientras que la investigación de la Fiscalía y la Audiencia Nacional siguen arrojando nuevos datos sobre los diversos usos a que se destinaron los 15 millones que los 86 consejeros implicados se gastaron por medio de sus tarjetas opacas, cada vez son más los que critican la supuesta falta de control por parte de los dos principales supervisores financieros de nuestro país: el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Y, sobre todo, el papel que se piensa que podría haber jugado en todo este asunto la auditora de Bankia, Deloitte, que ya ha estado también en el centro de todas las controversias asociadas a la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011.

La mayor parte de las críticas gira en torno a una misma pregunta: ¿cómo es posible que ni los auditores ni los organismos reguladores fuesen capaces de detectar durante casi diez años unos desajustes de más de un millón de euros anuales en las cuentas del banco?

La respuesta, según explican fuentes del sector de la auditoría, se encontraría en el mecanismo que supuestamente habría ideado el creador de las ‘tarjetas b’, Ildefonso Sánchez-Barcoj, para ocultar los gastos. Como se ha venido afirmando durante la última semana, dicho mecanismo, que también habría sido profusamente empleado durante la presidencia de Rodrigo Rato entre 2011 y 2012, consistiría en computar los gastos procedentes de las tarjetas opacas como parte de la “cuenta de quebrantos” del banco.

Según fuentes próximas a Bankia, con este nombre se conoce a la partida del balance de la entidad que se destina a cubrir las pérdidas ocasionadas a los clientes por robos de sus tarjetas o por errores que se puedan producir en el sistema informático. En otras palabras: un dinero cuya cuantía se desconoce, ya que no figuraría en el informe de auditoría del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y que se considera “prácticamente irrecuperable”.

Falta de tiempo

Por este motivo, y teniendo en cuenta también que cada gasto asociado a una ‘tarjeta black’ se habría contabilizado individualmente, un grupo considerable de auditores que ven comprensible que Deloitte no pudiera detectar el presunto fraude. De hecho, se piensa que este explicaría por qué en ninguno de los informes remitidos por la firma al Banco de España y a la CNMV junto con los balances trimestrales de Bankia y Caja Madrid se recoge alguna salvedad acerca de posibles descuadres en la parte del pasivo a la que está asociada la cuenta de quebrantos, y que sólo en la primera mitad de 2014 asciende a 705 millones de euros, de acuerdo con los datos del supervisor bursátil.

“Los auditores no tienen ni tiempo ni medios para supervisar en detalle los balances de una entidad como Bankia, cuando a veces tienen que entregar las cuentas en un plazo máximo de uno o dos meses”, dicen desde el entorno de Deloitte. Algo parecido apunta el presidente del Consejo de Colegios de Economistas de España, Valentín Pich, que señala que, en estos momentos, lo principal es determinar si los implicados en el caso de las tarjetas declararon o no sus gastos a Hacienda.

Si se da por válido el argumento de que los auditores no fueron capaces de identificar los gastos entre el resto de dinero de la cuenta de quebrantos, entonces se podría entender que, tal y como ha afirmado recientemente el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, a esta institución no se le podría exigir ninguna responsabilidad, ya que su papel se limitaría a dar por correctas las cuentas auditadas por Deloitte y que le remitieron tanto Bankia como, en su día, Caja Madrid. Lo mismo se podría pensar de la CNMV.

Pero aún habría más, ya que en opinión de Restoy el Estado, a través del Banco o del FROB, estaría legitimado para reclamar una parte del dinero, que por otra parte ya habría sido devuelto en su mayoría a Bankia y a la actual Fundación Caja Madrid. Sin embargo, estas explicaciones no resultan convincentes ni para un sector de los auditores ni para los gestores y asesores fiscales.

Una supervisión “poco profunda”

Y es que, para estos colectivos, si los auditores de Deloitte han tenido acceso, tal y como se presupone, a información detallada sobre la cuenta de quebrantos, lo lógico es que “pudiesen haber detectado que existían cantidades de dinero que no estaban asociadas a robos o pérdidas de tarjetas, ni tampoco a errores informáticos, y por lo tanto actuasen en consecuencia”.

“Los auditores están obligados a notificar a los supervisores cualquier irregularidad que aprecien en los balances de una empresa”, sentencia Aldolfo Jiménez, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios(Asefiget). Por ello, se cree que el Banco de España sí debería haber actuado, sobre todo si se tiene en cuenta que, cuando Rato ascendió a la presidencia, Bankia ya había recibido una inyección de 4.465 millones de euros, y eso sin contar los cerca de 24.000 millones procedentes de ayudas europeas que se le inyectaron en 2012.

“El Banco de España puede haber pecado de supervisar de una forma poco profunda las cuentas de Bankia, y, sobre todo, los sueldos de su cúpula, cuando era plenamente consciente de que el banco estaba siendo sostenido con dinero público”, señalan fuentes cercanas al proceso. Según estas mismas fuentes, esta responsabilidad podría extenderse a la CNMV, dado que, como encargada de velar por la transparencia en los mercados financieros, la entidad que preside Elvira Rodríguez está obligada a analizar las cuentas de las compañías que cotizan en la Bolsa. Sin embargo, Rodríguez ha eludido dicha responsabilidad alegando que, en todo caso, el problema es competencia de Deloitte, de la Agencia Tributaria, o del Banco de España.

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