Nota de Prensa Asefiget denuncia que la AEAT boicotea el soporte papel para las declaraciones de IRPF.

Los asesores fiscales muestran su malestar ante la decisión del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de eliminar la presentación del IRPF en soporte papel para aquellas declaraciones que no hayan sido obtenidas a través del programa desarrollado por la AEAT (Programa PADRE). Esta medida contemplada en la Orden HAP/455/2014, de 20 de marzo, provoca que los programas informáticos a los que tienen acceso los asesores fiscales no cuenten con un módulo de impresión y, por tanto, no puedan proporcionar a sus clientes la declaración impresa. En ejercicios anteriores tanto las declaraciones que resultaran negativas como aquellas que salieran a ingresar  podían presentarse en el banco en papel sin ningún tipo de problema.

ASEFIGET denuncia:

En primer lugar, el marcado carácter inconstitucional de esta imposición, obligando a los contribuyentes a tener ordenador, acceso a Internet y conocimientos para presentar su renta por vía telemática. De esta forma, el contribuyente está obligado a realizar este trámite presencialmente en las oficinas de la Administración.

En segundo lugar, los asesores fiscales que invierten en programas informáticos más completos y eficaces que el Programa Padre, pasan a trabajar en desventaja con respecto al software que facilita la Agencia Tributaria que es el único que permite la opción de impresión del documento. Es decir: no solo gastan dinero para ofrecer un servicio con menor margen de error y más completo a los contribuyentes sino que no pueden facilitarles una simple copia física. Una vez más los colaboradores sociales encuentran muchos impedimentos para desarrollar su trabajo.

En tercer lugar, el modo de obligar a quienes no tengan medios y/o conocimientos para presentar su declaración por Internet, a acogerse al Programa Padre, cuyos borradores –a pesar de estar elaborados por el numerosísimo y cualificado cuerpo funcionarial- presentan un elevadísimo índice de errores, de los cuales se responsabiliza y sanciona al contribuyente en caso de que éste lo dé por bueno, confiado en que ha sido la propia Agencia Tributaria quien lo ha hecho.