Observaciones de Asefiget al Proyecto de Orden que modifica los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347

AGENCIA TRIBUTARIA
Departamento de Gestión Tributaria
Infanta Mercedes, 37
28020 MADRID

ALEGACIONES AL PROYECTO DE ORDEN por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, DE 10 DE Noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347.

En el ejercicio de nuestro Derecho a ejercitar lo que se viene denominando “democracia participativa”, y a garantizar tanto la corrección del procedimiento como los intereses legítimos de nuestros asociados, como Asociación Profesional que somos, objetamos el proyecto de Orden por el que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta dl Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347, a cuyo tenor:

1.- Ninguna objeción en la modificación de los modelos 171 y 345, al ser, con carácter general, los obligados a presentarlos grandes empresas y tener éstas suficientes medios materiales y humanos para poder cumplir los plazos voluntarios de declaración

2.- Nuestra total disconformidad y rechazo en adelantar la presentación de los modelos 184 y 347 al período comprendido entre el 1 y el 31 del mes de enero de cada año, por lo menos en lo tocante a las PYMES y Autónomos, entre otras, por las siguientes razones:

2.1. Si la finalidad de la norma es homogenizar los plazos de presentación de las declaraciones informativas y mejorar la calidad de los datos fiscales, no se entiende muy bien el por qué no se han pospuesto al 28 de febrero de cada año las declaraciones informativas cuyo plazo de declaración expira el 31 de enero de cada año. En lo concerniente a la mejora de la calidad de los datos, el rebajarse un mes el período voluntario de presentación, sobre todo en el modelo 347, no permitirá preparar con la suficiente anticipación la documentación pertinente para una correcta declaración lo que ocasionará, sin lugar a dudas, la declaración de datos erróneos e inexactos y, por ende, la incoación de expedientes sancionadores por infracciones tributarias, con sus correspondientes sanciones.

2.2. Uno de los principios que garantiza la seguridad jurídica es la estabilidad de las normas en el tiempo. En este sentido, no debemos de olvidar que los mencionados modelos, hasta el ejercicio 2016, se presentaban en el mes de marzo de cada año.

2.3. Aparentemente, ya que no se ha justificado lo contrario, el adelantar un mes la presentación de las declaraciones informativas que estamos contemplando no incide, de una forma sustancial, en atajar el fraude fiscal, cuya erradicación es prioritaria para el Ministerio de Hacienda.

2.4. Hay que recordar al Sr. Ministro que, durante el mes de enero de cada año, los Autónomos y PYMES deben de presentar, entre otras, las siguientes declaraciones y/o autoliquidaciones: Modelos 036 o 037, 130, 131,165, 180, 190, 193, 303, 309, 349 y 390, para lo cual es preceptivo el cuadre de la contabilidad, en particular las cuentas de mayor, para lo cual es obligatorio la conciliación de bancos y la verificación de los movimientos de compras, gastos y ventas con clientes y proveedores.
En este sentido, es de destacar que la formulación de las cuentas anuales debe de realizarse, legalmente, antes del 31 de marzo de cada año, en relación al año anterior.

2.5. Los clientes de nuestros asociados son, con carácter general, Autónomos o PYMES y no tienen una estructura adecuada ni conocimientos suficientes para la presentación de la distintas obligaciones formales, de índole fiscal, que les imponen las normas y demás obligaciones de otros Organismos Públicos, por lo que tienen que externalizar estos servicios, asumiendo los costes indirectos que ello conlleva.

2.6. La publicación de la normativa proyectada generará graves problemas y perjuicios de difícil reparación para nuestro colectivo, al tiempo que conculcará la relación de confianza mutua y colaboración que debe de presidir las relaciones entre los colaboradores sociales y la Administración Tributaria.

Ricardo Perpiñan Girol
Secretario
ASEFIGET

Gobierno ampara a Montoro y su amnistía, mientras el PSOE pide su reprobación. El Confidencial

EFE

09/06/2017 (18:36)

Madrid, 9 jun (EFECOM).- El Gobierno ha respaldado hoy al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha defendido la amnistía fiscal de 2012, justificándola en la excepcionalidad del momento, mientras que el PSOE ha propuesto que el ministro sea reprobado por el Congreso y no descarta pedir una comisión de investigación.

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha considerado que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara por unanimidad “inconstitucional y nula” la amnistía fiscal de 2012 se fundamenta en un “vicio de forma”, al entender los magistrados que no podía aprobarse mediante decreto ley.

No obstante, ha eludido pronunciarse sobre el fondo de una resolución que advierte de que la amnistía fiscal legitimó “como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica”.

Según ha relatado Méndez de Vigo, Montoro -que cuenta con el total apoyo del Ejecutivo- ha informado hoy al Consejo de Ministros de esta sentencia y les ha explicado que, en aplicación del principio de seguridad jurídica, el fallo no tendrá efecto alguno sobre las regularizaciones que se llevaron a cabo mientras estuvo abierto el proceso.

En total afloraron más de 40.000 millones de euros de cerca de 30.000 contribuyentes que pagaron a Hacienda 1.192 millones.

El hecho de que la sentencia no vaya a tener consecuencias en la práctica es entendido por el Gobierno como un aval del Constitucional a la propia amnistía fiscal, tal y como aseguró ayer el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

El ministro portavoz ha justificado hoy que la medida se adoptó después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se encontrara a llegar al poder con un déficit público de 93.000 millones en 2011, en lugar de los 60.000 millones reconocidos por el Gobierno socialista, en plena crisis de deuda soberana que hacía temer que el país necesitara ser rescatado.

“Tuvimos que subir los impuestos para pagar las pensiones y las prestaciones, nadie fiaba a España, la prima de riesgo subió 50 puntos ese mes de marzo”, ha afirmado Méndez de Vigo, que ha defendido que tanto la amnistía fiscal como las demás medidas presupuestarias adoptadas por el Gobierno entonces han permitido que la economía española se recupere.

El PSOE, promotor del recurso de inconstitucionalidad, ha presentado hoy en el Congreso una proposición no de ley que plantea la reprobación del ministro de Hacienda “por haber beneficiado a los defraudadores, vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva a los contribuyentes”.

El texto añade que en la mayoría de “tramas de corrupción que se han venido conociendo ha habido implicados que se beneficiaron de la amnistía fiscal” y cita explícitamente al extesorero del PP Luis Bárcenas, familiares del expresidente catalán Jordi Pujol o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

La organización profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), consultada por Efe, considera que más allá de los escasos efectos prácticos que pueda tener la sentencia, el Constitucional ha cerrado la puerta a futuras amnistías fiscales.

El presidente de los inspectores, José Luis Groba, cree que será difícil también acometerlas mediante una ley ordinaria, ya que la sentencia establece que la estabilidad presupuestaria y la necesidad de ajustar el déficit público no legitima al legislador para saltarse los principios establecidos en el artículo 31.1 de la Constitución, en orden a conseguir un sistema tributario justo.

Para el colectivo de asesores fiscales las dudas respecto a la aplicación de la sentencia pueden surgir respecto a las actuaciones derivadas de la amnistía que puedan seguir abiertas, por lo que habrá que esperar al criterio que establezca la Agencia Tributaria y, en última instancia, los tribunales.

A juicio de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET), aquellas personas a las que se les reclame una deuda como consecuencia de inspecciones abiertas con información obtenida en la amnistía fiscal podrían argumentar que la prueba es nula al haberse logrado en un proceso sin todas las garantías. EFECOM

Enlace http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-06-09/gobierno-ampara-a-montoro-y-su-amnistia-mientras-el-psoe-pide-su-reprobacion_1239763/

Asesores fiscales ven muy limitados efectos de la sentencia sobre la amnistía. Abc

09-06-2017 / 17:10 h EFE

id, 9 jun (EFECOM).- Los asesores fiscales consideran que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara “inconstitucional y nula” la amnistía fiscal de 2012 apenas tendrá efectos en la práctica, aunque dudan de si afectará a las inspecciones derivadas de aquel proceso que puedan seguir abiertas.

En declaraciones a Efe, el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Jesús Sanmartín, cree que las consecuencias de la sentencia van a ser escasas, dado que la amnistía fiscal es firme e inamovible, además de estar prescrita, aunque pueden surgir dudas sobre algún procedimiento aún en curso.

De la misma opinión es el vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET), Eusebio Granda, que cree que hay que esperar a ver qué criterio adopta la Agencia Tributaria (AEAT) al respecto.

No obstante, por experiencias anteriores, Granda es de la opinión de que la AEAT dará por válido todo lo hecho, por lo que en última instancia dependerá del criterio de los tribunales si alguno de los afectados reclama en la vía judicial.

A su juicio, aquellas personas a las que se les reclame una deuda como consecuencia de inspecciones abiertas con información obtenida en la amnistía fiscal podrían argumentar que la prueba es nula al haberse logrado en un proceso sin todas las garantías.

Enlace http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2522756