Gobierno ampara a Montoro y su amnistía, mientras el PSOE pide su reprobación. El Confidencial

EFE

09/06/2017 (18:36)

Madrid, 9 jun (EFECOM).- El Gobierno ha respaldado hoy al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha defendido la amnistía fiscal de 2012, justificándola en la excepcionalidad del momento, mientras que el PSOE ha propuesto que el ministro sea reprobado por el Congreso y no descarta pedir una comisión de investigación.

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha considerado que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara por unanimidad “inconstitucional y nula” la amnistía fiscal de 2012 se fundamenta en un “vicio de forma”, al entender los magistrados que no podía aprobarse mediante decreto ley.

No obstante, ha eludido pronunciarse sobre el fondo de una resolución que advierte de que la amnistía fiscal legitimó “como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica”.

Según ha relatado Méndez de Vigo, Montoro -que cuenta con el total apoyo del Ejecutivo- ha informado hoy al Consejo de Ministros de esta sentencia y les ha explicado que, en aplicación del principio de seguridad jurídica, el fallo no tendrá efecto alguno sobre las regularizaciones que se llevaron a cabo mientras estuvo abierto el proceso.

En total afloraron más de 40.000 millones de euros de cerca de 30.000 contribuyentes que pagaron a Hacienda 1.192 millones.

El hecho de que la sentencia no vaya a tener consecuencias en la práctica es entendido por el Gobierno como un aval del Constitucional a la propia amnistía fiscal, tal y como aseguró ayer el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

El ministro portavoz ha justificado hoy que la medida se adoptó después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se encontrara a llegar al poder con un déficit público de 93.000 millones en 2011, en lugar de los 60.000 millones reconocidos por el Gobierno socialista, en plena crisis de deuda soberana que hacía temer que el país necesitara ser rescatado.

“Tuvimos que subir los impuestos para pagar las pensiones y las prestaciones, nadie fiaba a España, la prima de riesgo subió 50 puntos ese mes de marzo”, ha afirmado Méndez de Vigo, que ha defendido que tanto la amnistía fiscal como las demás medidas presupuestarias adoptadas por el Gobierno entonces han permitido que la economía española se recupere.

El PSOE, promotor del recurso de inconstitucionalidad, ha presentado hoy en el Congreso una proposición no de ley que plantea la reprobación del ministro de Hacienda “por haber beneficiado a los defraudadores, vulnerando principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva a los contribuyentes”.

El texto añade que en la mayoría de “tramas de corrupción que se han venido conociendo ha habido implicados que se beneficiaron de la amnistía fiscal” y cita explícitamente al extesorero del PP Luis Bárcenas, familiares del expresidente catalán Jordi Pujol o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

La organización profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), consultada por Efe, considera que más allá de los escasos efectos prácticos que pueda tener la sentencia, el Constitucional ha cerrado la puerta a futuras amnistías fiscales.

El presidente de los inspectores, José Luis Groba, cree que será difícil también acometerlas mediante una ley ordinaria, ya que la sentencia establece que la estabilidad presupuestaria y la necesidad de ajustar el déficit público no legitima al legislador para saltarse los principios establecidos en el artículo 31.1 de la Constitución, en orden a conseguir un sistema tributario justo.

Para el colectivo de asesores fiscales las dudas respecto a la aplicación de la sentencia pueden surgir respecto a las actuaciones derivadas de la amnistía que puedan seguir abiertas, por lo que habrá que esperar al criterio que establezca la Agencia Tributaria y, en última instancia, los tribunales.

A juicio de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET), aquellas personas a las que se les reclame una deuda como consecuencia de inspecciones abiertas con información obtenida en la amnistía fiscal podrían argumentar que la prueba es nula al haberse logrado en un proceso sin todas las garantías. EFECOM

Enlace http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-06-09/gobierno-ampara-a-montoro-y-su-amnistia-mientras-el-psoe-pide-su-reprobacion_1239763/

Asesores fiscales ven muy limitados efectos de la sentencia sobre la amnistía. Abc

09-06-2017 / 17:10 h EFE

id, 9 jun (EFECOM).- Los asesores fiscales consideran que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara “inconstitucional y nula” la amnistía fiscal de 2012 apenas tendrá efectos en la práctica, aunque dudan de si afectará a las inspecciones derivadas de aquel proceso que puedan seguir abiertas.

En declaraciones a Efe, el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Jesús Sanmartín, cree que las consecuencias de la sentencia van a ser escasas, dado que la amnistía fiscal es firme e inamovible, además de estar prescrita, aunque pueden surgir dudas sobre algún procedimiento aún en curso.

De la misma opinión es el vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET), Eusebio Granda, que cree que hay que esperar a ver qué criterio adopta la Agencia Tributaria (AEAT) al respecto.

No obstante, por experiencias anteriores, Granda es de la opinión de que la AEAT dará por válido todo lo hecho, por lo que en última instancia dependerá del criterio de los tribunales si alguno de los afectados reclama en la vía judicial.

A su juicio, aquellas personas a las que se les reclame una deuda como consecuencia de inspecciones abiertas con información obtenida en la amnistía fiscal podrían argumentar que la prueba es nula al haberse logrado en un proceso sin todas las garantías.

Enlace http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2522756

Asefiget reclama mayores modificaciones en el impuesto de plusvalía y ve “insuficiente” la sentencia del TC 22/05/2017. Expansión

La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) aplaude la sentencia del Tribunal Constitucional en la que establece que la venta de un inmueble que produzca pérdidas no tenga que tributar por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal, pero la considera “insuficiente”.
En una nota, Asefiget señala que se trata de un impuesto “injusto y confiscatorio” que produce una doble tributación -IRPF e IIVTNU- conculcando el artículo 31 de la Constitución en cuanto a la capacidad económica de los obligados tributarios.

Por ello, reclama al legislador que, en el desarrollo de la configuración normativa de la sentencia, modifique algunos aspectos “claramente perjudiciales” para el contribuyente.
En concreto, se refiere a la fórmula utilizada para el cálculo del impuesto, ya que actualmente no se está calculando el incremento de valor por el tiempo transcurrido entre la adquisición y la transmisión, sino por los años que transcurrirán desde la transmisión.

En este sentido, propone que la base imponible se establezca en base a la operativa que se establece en la Ley 35/2006 de IRPF, tomando los valores reales, tanto del momento de la transmisión, como del momento de la adquisición, siendo la base imponible la proporción sobre el total, del valor del terreno del último recibo del Impuesto sobre Inmuebles, aplicando unos tipos impositivos “justos y proporcionados”.

Asimismo, pide que las bonificaciones no sean de carácter rogado, sino que se apliquen de oficio por la entidad local, evitando un enriquecimiento “injusto” por parte de las entidades locales, dado el desconocimiento de la norma por la mayoría de los contribuyentes e, igualmente, que no se produzca la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisión mortis causa, para el cónyuge superviviente.

SIMPLIFICAR LA TRAMITACION.
También consideran que esta tramitación debería simplificarse para los contribuyentes, con un impreso facilitado por la Administración local y suscrito por el sujeto pasivo o su representante, acompañando al mismo copia simple de los documentos privado, notarial, judicial o administrativo.

A su juicio, ellos deben constar los hechos, actos o contratos que originan la transmisión y, además, cualquier prueba, admisible en derecho (básicamente informe pericial) que acredite si ha existido hecho imponible o no.

A este respecto, Asefiget subraya como prueba suficiente la aportación de copia de las escrituras de compra y de venta para, inicialmente, observar si ha habido ganancia o pérdida patrimonial en la transacción.

Enlace http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/05/22/20170522112146.html

Nota de prensa: ASEFIGET reclama mayores modificaciones en el Impuesto sobre la Plusvalía Municipal

Madrid 22 mayo 2017. La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios aplaude la Sentencia del Tribunal Constitucional en la que la venta de un inmueble que produzca pérdidas no tenga que tributar por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, pero la considera insuficiente.

A juicio de ASEFIGET se trata de un impuesto “injusto y confiscatorio” que produce una doble tributación -IRPF e IIVTNU- conculcando el art. 31 de la CE en cuanto a la capacidad económica de los obligados tributarios. Por este motivo, Asefiget reclama al legislador que, en el desarrollo de la configuración normativa de la Sentencia, modifique algunos aspectos claramente perjudiciales para el contribuyente.

Uno de ellos reside en la fórmula utilizada para el cálculo del impuesto. Actualmente no se está calculando el incremento de valor por el tiempo transcurrido entre la adquisición y la transmisión, sino por los años que transcurrirán desde la transmisión.

En este sentido, ASEFIGET propone que la base imponible se establezca en base a la operativa que se establece en la Ley 35/2006 de IRPF, tomando los valores reales, tanto del momento de la transmisión, como del momento de la adquisición, siendo la base imponible la proporción sobre el total, del valor del terreno del último recibo del Impuesto sobre Inmuebles, aplicando unos tipos impositivos justos y proporcionados.

Que las bonificaciones no sean de carácter rogado, sino que se apliquen de oficio por la entidad local, evitando un enriquecimiento injusto por parte de las entidades locales, dado el desconocimiento de la norma por la mayoría de los contribuyentes e, igualmente, que no se produzca la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisión mortis causa, para el cónyuge superviviente.

También consideran que esta tramitación debería simplificarse para los contribuyentes, con un impreso facilitado por la Administración local y suscrito por el sujeto pasivo o su representante, acompañando al mismo copia simple de los documentos privado, notarial, judicial o administrativo en los que consten los hechos, actos o contratos que originan la transmisión y, además, cualquier prueba, admisible en derecho, básicamente informe pericial, que acredite si ha existido hecho imponible o no.

Al respecto Asefiget subraya como prueba suficiente la aportación de copia de las escrituras de compra y de venta para, inicialmente, observar si ha habido ganancia o pérdida patrimonial en la transacción.